Legalidad y Justicia (II)

Si la situación política de este país ya resultaba suficientemente convulsa hace unas semanas, los últimos pasos recorridos en la batalla contra el controvertido "Estatut de Catalunya" han supuesto una vuelta de tuerca más a la ya malograda situación, contaminando el estamento judicial con los mismos virus que ya minaban el ambiente político.

La ficticia separación de poderes puede parecer ahora más que evidente, por supuesto en su aspecto de ficticia. Y es que este país, como tantos otros (los que por lo menos tienen la posibilidad de llamarse democráticos), se ve regido por dos poderes principales, el político y el mediático, y uno circunstancial, el de la opinión pública. Lo curioso es que la misma fuerza que tiende a unificar los poderes tradicionales, parece empezar a adquirir ya la misma importancia entre política y medios (discusión que puede tratarse en ulteriores posts).

La aceptación a trámite de la supuesta inconstitucionalidad del reglamento catalán hacía preveer algunos baches en su puesta en marcha. Sin embargo, desde esta semana, esos baches parecen inmensos socavones en los que podría llegar a quedar embarrancado definitivamente. Es asombrosa la capacidad desestabilizadora que el sector conservador está demostrando poseer, pero más asombroso aún es comprobar cómo llevan a cabo acciones que pueden suponer graves heridas a añadir a la ya dañada salud del partido personas de innegable talla intelectual. Este tipo de movimientos con ánimo de fragmentar, tan sólo son capaces de fortalecer aquellas posiciones ya partidarias del partido, lo que supone, por las características del propio sistema parlamentario español, la condena al fracaso del grupo (divide y vencerás es una máxima en tiempos de guerra, no de democracia; en un parlamento, estar en contra de todos suele implicar que todos estén en contra tuyo, lo que conlleva a estar en minoría, a no tener el poder).

Tan solo en situaciones extremas, las posiciones extremas tienen posibilidad de ser mayoritariamente apoyadas; derogar el "Estatut" podría suponer una situación extrema, pleno soberanismo regional contra completo centralismo estatal, dos posiciones en fase de olvido que ocuparían de nuevo el primer plano político, pudiendo desembocar en cualquier mar.

Es improbable que no se sepa encauzar la situación a tiempo. Es improbable que se llegue a una situación extrema. Aún así, es comprensible el plantearse ¿es ilegal una medida que ha sido aprobada por mayoría en el Congreso, en el Senado y en referendum por el pueblo catalán? ¿Es justo que se utilice la legalidad para convertir en ilegal una ley pactada en mayoría e igualmente aprobada?

Respondiendo a la pregunta del post anterior, no, efectivamente ni todo lo que es justo es legal, ni todo lo que es legal es justo. Siendo ésta no sólo mi opinión, sino la de muchos otros, ¿qué impide revisar los actuales manuales o códigos? ¿Qué impide trabajar en una nueva legislación que no tan sólo distinga entre legalidad e ilegalidad, sino que lo haga también y en el mismo sentido entre justicia e injusticia?